La televisión pública española vive en la actualidad una difícil situación económica. Los ERE en las televisiones públicas están a la orden del día y las manifestaciones no cesan ni en épocas navideñas. No se trata sólo de un endeudamiento producido por la crisis económica, también estamos hablando de la creciente reducción de audiencias causada por la manipulación informativa, por la fuerte influencia política y por la pérdida de grandes formatos televisivos que afectan enormemente la fidelidad del público.
Uno de los principales problemas de esta televisión pública es que compite en un mercado audiovisual en el que las televisiones privadas han ido ganando terreno poco a poco llegando al punto de plantearse si es ya inútil invertir recursos públicos en este campo o de si con las televisiones privadas tendríamos suficiente para desempeñar el requerido servicio público.
Hay que sumar a todo esto la falta de identificación de “servicio público” que, tanto TVE como las televisiones públicas autonómicas demuestran con los cambios en la programación y en la corporación de sus cadenas.
La crisis de la televisión pública es por tanto de identidad, de funcionamiento, de contenidos y de financiación.
La única solución prevista parece ser la de la privatización. De hecho el pasado viernes 3 de agosto entro en vigor la Ley 6/2012, de 1 de agosto de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, “General de la Comunicación Audiovisual”, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.
Esta reforma altera por completo el sistema regulatorio de las televisiones públicas autonómicas instaurado por la extinta Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del Tercer Canal de Televisión. Con esta nueva regulación, las Comunidades Autónomas podrán suprimir o privatizar en parte o en su totalidad sus operadores de titularidad pública y, en el caso, de que se queden con la gestión no podrán tener déficit.
Frente a esta alternativa, yo voto por mantener las televisiones públicas, evidentemente no como son ahora, sino como deberían ser. El ejercicio del periodismo por sí mismo es un servicio público, pero esta afirmación se ha ido olvidando. No hay más que fijarnos en la conversión de los medios tradicionales en empresas multimedia con puros intereses económicos. Son, por tanto, las televisiones y radios públicas las únicas que pueden garantizar ese “servicio público”, que tiene como misión “difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual”, según promete la ley 7/2010 “General de la Comunicación Adiovisual”. Debemos luchar por una televisión cuyo objetivo no sea el de competir con los medios de comunicación privados o tomar partido en la contienda política, sino cumplir con su papel de servicio público al menor coste público posible.
En este contexto, adjunto una entrevista realizada a Lolo Rico, periodista y cineasta española, que realiza una extraordinaria reflexión sobre la situación de la televisión pública actual, y del momento en el que nos encontramos. Reconociéndose como antisistema, anticapitalista y comunista, Rico defiende la idea de tener una televisión que pueda entretener y enseñar al mismo tiempo, una televisión “que abra el mundo”. Así mismo reniega de la televisión ideológica y con censura que tenemos en la actualidad, que el único impulso que produce es “apagar la tele” porque no “enciende luz en el cerebro”. Promulga una televisión pública donde la gente vea futro, tenga esperanzas y aprenda a ser feliz, y también abre los brazos e insta a que tendamos una mano a todos los medios alternativos que están surgiendo.
Concluiré con una frase que cita Lolo Rico de Hannah Ardent “conocer es construir el mundo”; solo conociendo este mundo y teniendo claro el mundo queremos, podremos luchar por él y conseguir que se construya.
